Salud Ocupacional: De Jure pero no de Facto.

La legislación Chilena.

Los sistemas legales ideados para enfrentar el problema de las víctimas de los siniestros laborales giran alrededor de las «compensaciones» a que serían candidatos, tratando de distinguir quién debe hacerse cargo del costo que significan no sólo los tratamientos médicos sino también a cómo pueden las víctimas seguir viviendo dignamente.

En  la legislación sobre compensaciones por accidentes laborales el principio crítico fue el de eliminar la falta o dolo como base para determinar si el trabajador tiene derecho a recibir compensación por los daños ocasionados en un accidente del trabajo y/o enfermedad profesional, y la fuente de las acciones litigantes que rodearon el acto de compensación fueron enfocados en qué fórmula adoptar para la  cobertura de los siniestros.

En nuestro país antes de 1919 toda la materia concerniente a los accidentes del trabajo estuvo regida por las reglas del Derecho Civil acerca de la responsabilidad extracontractual, que disponía que el obrero debía probar que el accidente se produjo por dolo o culpa del patrón para hacerse acreedor de una indemnización, lo que no sólo dejaba a las víctimas en la indefensión sino que se oponía a toda la corriente de pensamiento de protección de los trabajadores que impregnaba el emergente pensamiento liberal de la posguerra.

Después de un extenso período de discusiones y ponencias en el Congreso Nacional, el 30 de diciembre de 1916 se publicó en nuestro país  la Ley Nº 3.170 sobre Indemnizaciones de Accidentes del Trabajo, que consagró el principio de reparación basado en la  doctrina del “riesgo profesional” enunciada en 1883  por el jurista francés Sainctelette. Esta Ley, la más trascendental en el tema de los accidentes laborales, extendió la obligación del patrón respecto de las indemnizaciones a todos los accidentes que se produzcan a causa o con ocasión del trabajo, con sólo algunas excepciones: “la culpa y el dolo del trabajador, toda fuerza mayor extraña al trabajo y aquellos en que existen condiciones orgánicas inherentes a la persona del trabajador”.

Comentario: Esa última excepción aún gravita en las decisiones de calificación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales referidas a condiciones de “sensibilidad o debilidad personales”.

La Ley nº 3170 incorporó por primera vez normas referidas a la responsabilidad civil del empleador por los accidentes del trabajo bajo el concepto de Responsabilidad Objetiva, responsabilidad con independencia de culpa y con prescindencia de la voluntad de la persona que generó el hecho. Preconizaba la necesidad de indemnizar a quien haya sido víctima del «riesgo creado» por el causante del daño, presumiéndose el empleador culpable por los accidentes ocurridos a sus trabajadores. Quien desarrolla una actividad riesgosa debe asumir los daños provocados por esa actividad debiendo para ello acreditarse el nexo causal entre el agente y el resultado: «a causa o con ocasión directa del trabajo».

Las falencias de esa ley y las dificultades y obstáculos impuestos al trabajador para poder obtener los beneficios a que en principio tenían derecho, fueron el motivo de que fuera reformada y reemplazada por la Ley nº 4.055, del 26 de septiembre de 1924. Se definió el accidente del trabajo en su Artículo 1º como » toda lesión que el obrero o empleado sufra a causa y con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad para el mismo».

En la medida en que se definió el destino «individual» del accidente del trabajo como posible experiencia «común» en grupos de empresas, es decir, como un problema que afectaba en igual medida a todas las empresas y ponía en peligro su propia existencia, se originó la necesidad de cotizar en una caja común de la que se pudieran obtener indemnizaciones en caso de un siniestro. Con lo cual una «posible pérdida» se formuló como un riesgo para todos, y con ello, como un problema económico colectivamente solucionable. La Ley nº 4.055 en el artículo nº 21 dispuso que el patrono o propietario estaba obligado a asegurar el riesgo profesional del obrero o empleado en una sociedad Chilena de seguros o en una fundación con personalidad jurídica supervigiladas por el Estado.

En lo que respecta a nuestro interés, dispuso en su Artículo nº 3 «la responsabilidad del patrono o empresario  por las enfermedades causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo que realice el obrero o empleado y que le produzca incapacidad».

En el Artículo nº 32 dispuso que “todo accidente que pueda ocasionar la incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima, debe denunciarlo el patrono en el término de cinco días al Juez de Letras en lo civil, del Departamento donde acaeció el suceso”.

Comentario: Toda la investigación del accidente y de los hechos era responsabilidad del poder judicial lo que dejaba la calificación del accidente y sus consecuencias médicas y económicas sobre la víctima en manos de un ente imparcial lo que aseguraba los derechos de la parte más débil del sistema.

La ley sembró la primera insinuación sobre nuestros actuales sistemas de prevención de riesgos al  disponer en el Artículo nº 38 «En los reglamentos de esta ley se indicarán los casos en que deben emplearse mecanismos protectores del obrero o preventivos  de los accidentes del trabajo…»

2017-01-26T11:07:34-03:00

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